Un año nuevo con muchas expectativas
y cuestiones por tratar y resolver

Como todos los años, iniciamos un nuevo ejercicio en el ámbito judicial y, como abogados, lo hacemos con expectativas y esperanzas renovadas, que se centran y apuntan principalmente a trabajar por el mejoramiento del sistema judicial, de manera tal de poder hacer plenamente efectivo el mandato constitucional de garantizar la justicia, con eficacia y eficiencia, en tiempo y forma, para toda la ciudadanía.

En el año que pasó, tal como fuera adelantado al iniciarse el mismo, producto de las sucesivas elecciones gubernamentales en los ámbitos nacional, provincial y municipal, se derivó la atención a la gestión política eleccionaria, postergándose el tratamiento de cuestiones importantes y necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial y el mejoramiento de nuestra justicia.

Si bien, se cumplió con la obligación constitucional, largamente reclamada, de integrar plenamente el Superior Tribunal de Justicia  con sus cinco miembros, ocurrido al cerrar el 2015, lo cierto es que han quedado pendientes de consideración y resolución otros temas también de trascendencia, los que, en este nuevo año, deberían integrar la agenda inmediata de las autoridades de gobierno, de los tres Poderes del Estado, y en la cual deberíamos tener participación, o cuanto menos ser escuchados, los distintos actores u operadores del sistema, quienes estamos interesados, involucrados y comprometidos en la búsqueda de un mejor y más eficiente servicio de justicia.

No podemos dejar de reiterar, como al inicio de cada año lo venimos haciendo desde hace tiempo, la necesidad de clasificar y calificar la problemática, distinguiendo aquellas que requieren corto, medio y largo tratamiento y en orden a ello encarar las gestiones y medidas necesarias, políticas de Estado generadas desde el consenso, con firmeza y sin dilaciones.

Sobre la base de un concepto largamente sostenido por este Colegio, reafirmamos que la problemática judicial no es propia del Poder Judicial, ni atañe exclusivamente al mismo, pues aunque muchas soluciones dependen de su sola intervención y voluntad, hay otras tantas que exigen el compromiso y participación de los otros dos Poderes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y que también precisan de nuestro acompañamiento y colaboración.

Así, siguiendo esa línea de pensamiento, insistimos en que existen cuestiones que deben ser abordadas y resueltas con la prontitud que impone una gestión responsable y que se encuentra en manos de nuestros gobernantes, y que refieren, como ser: al presupuestario; a la creación, localización y funcionamiento de nuevos juzgados y dependencias judiciales, fiscalías, asesorías, defensorías; la integración y coberturas de cargos y funciones; aspectos concernientes a la infraestructura judicial, en todos sus órdenes (creación de la ciudad Judicial, por ejemplo, es uno de los temas que nos preocupa y que necesariamente debe discutirse y proyectarse con la intervención de todos los sectores y operadores del sistema); la provisión de herramientas legales adecuadas, actualizadas  y eficientes, como lo son los códigos procesales penal, civil y comercial, el laboral, lo vinculado a seguridad, violencia de género, acceso a la justicia, derechos humanos, adecuaciones a la normativa que impone el nuevo Código Unificado Civil y Comercial; concretar la división de la Fiscalía General en cumplimiento de nuestra manda constitucional, los pactos internacionales, y lo expresamente resuelto en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Consejo de la Magistratura, Jury de Enjuiciamiento, los juicios políticos; combatir la morosidad, la inseguridad y la injusticia; entre otros tantos temas más, de relevancia y sensibilidad, y a los que seguramente se irán sumando e insertando nuevos reclamos y demandas en la capeta de debate, tanto en el orden provincial como nacional y que configuran y dan sustento a reclamos permanentes por parte del justiciable y de quienes, como los abogados, somos operadores inmediatos de un sistema judicial que creemos, puede funcionar mucho mejor.

Reconocemos que es un objetivo difícil, de permanente vigencia y renovada actualidad, en cuyo logro todos los sectores debemos contribuir con nuestro mayor esfuerzo, con lo mejor de nuestras capacidades, con responsabilidad y firmeza, para dar así respuesta inmediata en cada ocasión.

Insistimos y reiteramos la necesidad de avanzar en un debate amplio y participativo acerca del tipo de justicia que queremos, del rol y perfil de los magistrados y funcionarios judiciales, como también de los abogados y otros operadores de la justicia, para poder realizar una verdadera reforma al poder judicial, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, el que también presenta serias falencias en su conformación y funcionamiento. Todo ello propendiendo a una mejor administración de justicia que satisfaga las necesidades del justiciable y de la comunidad ávida de justicia, de seguridad y de paz social. En ese contexto, los abogados cumplimos un rol preponderante e insustituible, como también el resto de las entidades que de alguna u otra manera tienen interés en forjar una comunidad mejor, con libertad, progreso y bienestar general.

Como ya lo hemos dicho en más de una ocasión, estas reflexiones pretenden auspiciar un ámbito de debate participativo para aportar de buena fe las ideas que se entiendan conducentes a contribuir, respaldar y garantizar el pleno funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas de gobierno y al mejoramiento de la calidad institucional de nuestros Poderes del Estado y de las instituciones intermedias, de manera madura y convencidos de que es el único camino, el del encuentro y el entendimiento, para dar a la sociedad las respuestas que ésta nos exige y se merece.  

Dr. Ricardo Manuel Villar
Presidente Colegio Público de Abogados de la 1ra. Circunscripción Judicial de Corrientes, 29 de Enero de 2016.-