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LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Un anhelo relegado |
Desde hace mucho tiempo, muchos años ya, tanto a nivel nacional como provincial venimos hablando de la “Modernización de la Justicia”. Pero lo cierto es que hablamos más de lo que hacemos. La necesidad de “modernizar la justicia” se ha instalado en el lenguaje cotidiano de cuanto funcionario pretende abordar, cuando no justificar, la problemática que en esta materia preocupa a la sociedad, que refieren a las deficiencias y limitaciones que tiene el ciudadano para el acceso a la justicia, y que configuran una asignatura pendiente de aprobar para combatir una justicia “injusta”, ineficiente, lenta, tardía, que no satisface, en la sensación y concepción del justiciable sus necesidades y que constituyen un obstáculo para construir una sociedad justa, equitativa, que quiere crecer y convivir en paz. “Modernizar la justicia” se ha convertido en un eufemismo con el que se intenta explicar y calmar los reclamos sociales, prometiendo corregir los vicios que padecemos, como si fuere que con su sola mención, por arte de magia, todos los problemas se solucionarán. La “Modernización de la Justicia” NO CONSTITUYE UNA POLÍTICA DE ESTADO y su avance está sujeto a los circunstanciales avatares políticos y eleccionarios. Y muchas veces, como lo hemos vivido en los últimos años, expuesta la justicia a los embates con los que se pretenden someterla, influenciarla y dependizarla so pretexto de “modernizarla” o “democratizarla”. La “Modernización de la Justicia” encuentra siempre un escollo, que parece insalvable: el presupuestario. Más allá de las manifestaciones de voluntad y compromisos expuestos, a la hora de establecer y distribuir el presupuesto la justicia queda relegada, como si las acciones con las que se pretende “modernizarla” se concretarán como producto del simple deseo de hacerlas, sin inversiones. Y en nuestra provincia tenemos claros ejemplos de ello. Tanto en el ámbito federal como en el provincial. Asistimos a las creaciones de juzgados y dependencias que no son implementados efectivamente; a la designación de jueces, que no son puestos en sus funciones. En Goya desde hace ya mucho tiempo esta creado el Juzgado Federal y designado su Juez, sin funcionar hasta la fecha por falta de edificio y de personal para conformarlo. En Paso de los Libres, con su Juzgado Federal, preso de los intereses y compromisos políticos, sin su juez natural desde hace ya largos años, subrogado ahora por la magistrada que fue designada para el Juzgado de Goya, en donde no puede asumir sus funciones por no tener allí la infraestructura propia. En el ámbito provincial, en nuestra primera Circunscripción esta creado el Juzgado con competencia tributaria y designado su Juez, con igual suerte que en el federal. Desde el 2006, año en que se dictó la Ley de creación de las Fiscalías Rurales y Ambientales, se aguarda su efectiva implementación. La mora judicial se da tanto en el ámbito federal como el provincial, y pareciera ser que compiten entre sí, pero por quien demora más, confiados en la resignada paciencia del justiciable. Al fallido programa de “Democratización de la Justicia” le sucede ahora “Justicia 2020” que el Gobierno Nacional lo presenta cargado de esperanzas y ambiciosas intenciones. A nivel provincial siquiera conocemos propuestas a corto plazo. El sistema y servicio de justicia está en crisis y no faltará a quien, ante las devenidas comunes prácticas, se le ocurra su “declaración en emergencia”. El programa informático “Iurix” de nuestro Poder Judicial local, que tuvo un alto y cuestionado costo en su implementación, a casi diez años de su inauguración, aún sigue con carácter provisorio, a “modo de prueba”, inseguro y sin alcanzar los resultados que hagan a la mentada “modernización”, más allá del incansable esfuerzo del personal informático por mantenerlo vigente y en funcionamiento. Las restricciones presupuestarias una vez más son las causales de su deficiencia. No solo los abogados, sino también funcionarios y personal judicial, permanentemente resultan víctimas de un sistema con el que pretendió modernizarse el servicio de justicia y hoy, sin haber alcanzado ese objetivo, ya resulta obsoleto. El dictado de herramientas o normas legales que tiendan a esa “modernización” también choca con esa limitación: la presupuestaria. Venimos discutiendo un Código Procesal Penal provincial desde hace más de diez años, y uno de los argumentos que se esgrime para evadir su dictado (y el debate político y social acerca de su verdadero obstáculo) es “la falta de presupuesto”. Y ahora estamos tras el estudio y debate de los nuevos códigos procesales, el civil y comercial y el laboral, cuyas implementaciones también van a requerir de una previsión y disposición presupuestaria. Contamos con los mismos seis juzgados de instrucción con su dos tribunales orales, desde hace más de veinte años; los mismos cuatro juzgados laborales con su sola Cámara de Apelaciones; los mismos nueve juzgados y comerciales (aunque se le redistribuyeron por materias incorporándose uno más de fuero familiar), con sus mismas tres Cámaras de Apelaciones. Cabe aclarar que estas cuatro Cámaras de Apelaciones también reciben y entienden en los recursos provenientes de los Juzgados del Interior pertenecientes a estas circunscripciones. El propio Superior Tribual de Justicia, recientemente integrado en su totalidad, padece largas moras de hasta tres años, por ejemplo en los recursos de casación, poniéndose al borde de la negación de justicia. Toda “modernización” conlleva una fuerte “inversión”, por lo que sin ésta no puede alcanzarse aquella. Y esa cuestión, que es de índole presupuestaria, compete resolverla a los tres Poderes del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. Sin “inversión” no se podrá mejorar el acceso a la justicia, el cual cada vez le resulta más difícil y costoso al ciudadano. (Por citar solo un ejemplo: para acceder a la Jurisdicción de nuestros Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el justiciable debe contar con la suma de $6.000 a $7.200, de acuerdo al recurso que se deba promover, depositada previa e inexorablemente bajo pena de perder un derecho humano consagrado constitucionalmente). Seguiremos esperando la puesta en funcionamiento de nuevos jugados y dependencias judiciales ya creados. Seguiremos discutiendo el dictado de las nuevas herramientas legales. El Código Procesal Penal “no se podrá implementar por restricciones presupuestarias”; la Policía Judicial y científica seguirá siendo una utopía. Continuaremos incumpliendo la manda constitucional de tener una Fiscalía separada de la Defensoría y de la Asesoría. Las Defensorías y Asesorías Oficiales están al límite, por dejar de cumplir su cometido por el abarrotamiento de trabajo y escasez de sus recursos humanos y de infraestructura. Seguiremos incumpliendo y sin poner en funcionamiento institutos específicos como el “Defensor del Niño”. Continuaremos padeciendo el hacinamiento en los pasillos de los juzgados, compartiendo oficinas de audiencias, sin privacidad, asistiendo a audiencias “de parado”, por falta de sillas y de espacio para colocarlas. Soportando la falta o deficiencia de infraestructura básica como por ejemplo: de sanitarios. Tolerando largas esperas para cumplir con el pago de tasas judiciales. Continúa el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento “dependiendo” del presupuesto y de la estructura del Superior Tribunal de Justicia, cuando debería desenvolverse con “total y absoluta independencia y transparencia”. Seguiremos padeciendo la obsolescencia de un sistema informático como el de otras estructuras que no contribuyen como debiera ser al mejoramiento del servicio de justicia. Muchas veces hemos dicho que al Estado le está impuesta la obligación constitucional de “garantizar la justicia”. La “modernización” solo conlleva una serie de medidas tendientes a cumplir con esa garantía fundamental que hace a la vigencia del Estado de Derecho. Pero al final de cuentas “la modernización de la justicia” termina convirtiéndose en una frase retórica, expresiva de buenas intenciones, pero vacía en la realidad de acciones concretas para su efectiva realización. En el editorial del mes pasado exponíamos la necesidad de aprovechar este año “no electoral”, para trabajar en conjunto persiguiendo la concreción de las medidas pendientes y necesarias para lograr la “modernización de la justicia”, llamémosle así para decir corregir los vicios y “asegurar el efectivo cumplimiento de la garantía de justicia”. Pero pareciera ser que otras “necesidades”, de orden electoral, impulsan una reforma constitucional para acordar una renovación o prórroga de mandatos o adaptación al cronograma electoral nacional. El debate de estas “necesidades” (que no tendrían tanto impedimentos presupuestarios), amenaza posponer el tratamiento de otras “necesidades” que les preocupa a la ciudadanía y cuyas soluciones las está esperando, tal vez, con mayor interés, ansiedad y “necesidad”, como por ejemplo la que aquí nos ocupa: lo atinente a “la Modernización de la Justicia”. Un anhelo relegado. Dr. Ricardo Manuel Villar |
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