PERÍODO NOVIEMBRE 2.015/OCTUBRE 2.016

Resumen de Memoria de FACA, una gestión acompañada por los Colegios federados

Por Doctor Eduardo A. Massot, Presidente

Culmina el presente ejercicio y el primer año de nuestra gestión, en el cual hemos trabajado para tratar de estar a la altura de las circunstancias y de las responsabilidades que los Colegios del país depositaran oportunamente en nosotros. Ha sido un año muy intenso e importante en materia gremial pero, principalmente, en materia legislativa, área en la cual se ha avanzado en un proyecto largamente esperado por nuestra Federación.

Comenzamos a mediados de diciembre de 2015 contemporáneamente con la renovación de las autoridades nacionales, convencidos que significaría también una renovación del diálogo y de sus interlocutores el cual, institucionalmente, si bien ha mejorado de manera evidente, aspiramos a que se lleve a cabo también, y especialmente, cuando los temas en debate no se encuentren aún con decisiones tomadas.

El nombramiento en comisión de los dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó que el IDEL emitiera un dictamen y, sobre la base del mismo, la Mesa Directiva una resolución, reclamando que no se utilicen más en el futuro estos mecanismos constitucionales, sino que sea aplicado el Decreto del PEN Nº 222/03 y que el Honorable Senado de la Nación trate los pliegos con máxima celeridad aunque sin perder la profundidad del debido debate en un asunto de tanta importancia.

Un tema que ha sido analizado a lo largo de este año en las reuniones de la Mesa Directiva y las Juntas de Gobierno fue la declaración de interés público de la carrera de Abogacía mediante la Resolución N° 3246/15 del Ministerio de Educación de la Nación. Si bien en un primer examen parecería la citada normativa un gran beneficio para nuestra profesión, la misma no puede dejar de relacionarse con la Resolución N° 1131/16 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre las facultades reservadas, exclusivas y excluyentes para las carreras universitarias, la cual fuera objeto de impugnación por parte de nuestra Federación debido al avasallamiento que generaría sobre nuestras incumbencias profesionales. Esta cuestión, objeto de debate durante años en la Abogacía, lo seguirá siendo en el 2017. Agradezco especialmente en este tema la colaboración de los doctores Ramón Pérez, Gabriela Tozzini, Ambrossio Bottarini, Fernando Varela y Carlos Andreucci.

Como dije, el diálogo con las autoridades se ha renovado y nos ha permitido participar en muchas comisiones del Plan Justicia #2020, además de integrar institucionalmente su Consejo Consultivo, presidido por el Dr. Ricardo Gil Lavedra. Es muy pronto para efectuar un balance de esta ambiciosa iniciativa, el cual será realizado oportunamente a partir de la evidencia; sin embargo sí debemos señalar lo mismo que hemos observado, esto es, la necesidad que la convocatoria a las mesas de trabajo sea con la debida antelación tal que los  los aportes de la Abogacía no sean sólo para emitir una mera opinión formal sino que puedan influir positivamente en las decisiones que finalmente se tomen. Aprovecho para agradecer al Dr. Ricardo Gil Lavedra y a todos aquellos colegas que nos han representado en las distintas comisiones, por su infatigable e inestimable labor.

Los Colegios de Abogados del país también han sido materia muy relevante durante nuestra gestión. Entre otros cabe destacar, nuestro acompañamiento al Colegio de Abogados de Tucumán en su lucha institucional para el mejoramiento de la administración de justicia en su provincia, que sigue teniendo como una de sus batallas más importantes el cuestionamiento y pedido de juicio político al Ministro Público Fiscal; nuestro apoyo a los Colegios de San Luis, ante la impugnación que realizaran del pliego de la Dra. Lilia Ana Novillo propuesta por el Gobernador de esa provincia para cubrir nuevamente el cargo que ella misma había dejado vacante para ser candidata a Intendente; nuestro apoyo a la colegiación legal en las provincias de Chaco y Santa Cruz y, en ésta última, nuestro acompañamiento al proyecto de ley impulsado por la Asociación de Abogados de Río Gallegos. No puedo dejar de mencionar lo sucedido en la provincia de Buenos Aires con los sucesivos y prolongados paros del gremio judiciales, sin cuestionar aquí las razones de los mismos, pero que han afectado el servicio de justicia, la labor profesional y, principalmente, a los ciudadanos que diariamente deben acudir al Poder Judicial como última instancia en defensa de sus derechos. La situación ha sido muy crítica y, más allá de los esfuerzos del gobierno provincial y el sindicato para encontrar un camino que los aleje de la parálisis judicial, lo cierto es que las discusiones por las paritarias, los niveles salariales y las condiciones de trabajo, nos presenta un 2017 con mucha incertidumbre. Por ello, una vez más, le hacemos saber al Colproba que nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en defensa de los derechos de sus abogados, de los ciudadanos de su provincia, y en el mejoramiento de su servicio de justicia.

Si bien se encuentran acompañados los informes de las distintas Comisiones de nuestra Federación, debo expresar mi preocupación por el intenso y gran trabajo que ha tenido la Comisión de Defensa de la Defensa, la única que a todos nos gustaría que tuviese poca labor. Las acciones, desde distintos sectores, dirigidas a vulnerar el ejercicio profesional ha ido creciendo, pero debemos entender que los más perjudicados de este accionar no somos nosotros sino nuestros clientes, los justiciables, de quienes somos representantes e intermediarios para garantizarles el ejercicio de un derecho humano esencial, el acceso a la Justicia libre, eficaz e independiente. Los distintos episodios ocurridos a lo largo y ancho del país, en los cuales estuvo presente esta Comisión, trae una alerta para el próximo año y también una conclusión, la necesidad que los Colegios federados promuevan la creación de comisiones similares en sus senos. Agradezco al respecto el gran trabajo de los Dres. Carlos López de Belva y Martin Buscemi.

Indudablemente uno de los temas centrales de la Justicia fue la situación y funcionamiento del Fuero Federal el que, usando palabras del Dr. Ricardo Lorenzetti en momentos que le hiciéramos nuestra última visita, está en crisis. Todos somos responsables, cada uno en su medida, y es por ello que en la búsqueda y aportes de soluciones la Abogacía organizada e independiente no puede estar ajena. Sin embargo, lamentablemente, cada vez cuesta más debatir de igual a igual con otros sectores al respecto, dado que en muchos de ellos, como en el Consejo de la Magistratura, se encuentran defendiendo también otro tipo de intereses, como los políticos partidarios, no siendo invitada la FACA a conversaciones que se dan en esos ámbitos a puertas cerradas.  Mientras tanto, los Colegios reclaman por la cobertura de las vacantes en sus respectivas jurisdicciones, vacantes que llevan muchos años, sin mencionar juzgados creados pero que, por diferentes razones, no han sido aún puestos en funcionamiento. También algunos han pedido la creación de Cámaras de Apelaciones o Salas, pero lo cierto es que, con el paso del tiempo, el mapa de la Justicia Federal se ha ido convirtiendo en un rompecabezas sin ningún criterio o razonabilidad que, hoy en día, debería someterse a una íntegra reformulación. Dentro de este tema se decidió apoyar el pedido de auditoría de la Justicia Federal solicitado por el Colegio Ciudad de Buenos Aires por la gran mora en las causas por corrupción, pedido que fue acompañado debido a que nuestra Mesa Directiva había resuelto oportunamente la solicitud de auditoría al Juzgado del Dr. Norberto Oyarbide. Esta solicitud se hizo cuando el magistrado presentó su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, ante lo cual solicitamos al Presidente de la Nación que no la aceptara, ya que se encontraba investigado por el Consejo de la Magistratura. En estos días se estarán conociendo los primeros resultados de dicha auditoría.

Uno de los acontecimientos más importantes del año lo constituyó, indudablemente, la XVIII Conferencia Nacional de Abogados, celebrada en Tucumán el pasado mes de octubre. Fueron jornadas en las que las comisiones trabajaron con gran cantidad de participantes y con un gran nivel académico en cada una de las conferencias magistrales. Debo resaltar las presencias del Ministro de Justicia, Dr. Germán Garavano, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti. El debate sobre el futuro rol de la Abogacía y el año de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, dieron el marco adecuado para consagrar una gran Conferencia Nacional. Debo agradecer al Colegio de Abogados de Tucumán, en las personas de los Dres. Francisco García Posse y Antonio Bustamente, al IDEL, que realizó un gran trabajo a través de todos sus integrantes y, en especial, a su presidente, el Dr. Ricardo Cornaglia.

La Seguridad Social en la Argentina es un tema muy importante y cada uno de los gobiernos de turno ha intentado llevar adelante su política al respecto. Años anteriores, la Federación ha tenido que iniciar acciones judiciales contra el órgano máximo de la Seguridad Social en Argentina, la ANSeS, y en éste  hemos tenido que expedirnos con relación a la ley 27260 de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, resaltando, insólitamente, que la tarea profesional de los abogados en el marco de la misma, no se limita exclusivamente a “poner un dedo”, como han querido minimizar algunos, incluso dirigentes de la Abogacía, para justificar los magros honorarios establecidos por la normativa. Se ha defendido el derecho a pactarlos libremente como así también la libertad de elección y contratación del profesional. Agradezco la invalorable colaboración a tales efectos de la Dra. Elsa Rodríguez Romero y del Dr. Ricardo Cornaglia.

Fue también un año muy activo en materia legislativa y, quizás en ésta área, es dónde podamos exhibir el avance más significativo para la Federación, con la media sanción conseguida en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley de Matrícula Federal, viejo anhelo de la Abogacía, que este año fue debatido en todas y cada una de las reuniones de Mesa y Junta hasta consagrar su tratamiento y aprobación en la sesión de Diputados del pasado 26 de octubre. Hasta aquí se ha recorrido una parte importante del camino y sabemos que lo que sigue es difícil; por ello debemos trabajar unidos y convencidos de lo que significa para los abogados del interior y sus colegios. No nos detendremos ante las infundadas críticas y objeciones, tanto internas como externas, que esconden, no cabe duda alguna, intereses absolutamente ajenos a la colegiación. En cambio, hemos asistidos a todas y cada una de las reuniones a las cuales se nos ha citado para analizar y debatir constructivamente el proyecto, y prueba de ello fueron las modificaciones que se le hicieron hasta llegar al recinto. Debo agradecer el trabajo realizado por numerosos colegas, expresidentes, como el Dr. Ricardo De Felipe, y también destacar la labor de  los Dres. Héctor Méndez y José Sánchez.

No estuvimos ajenos al estudio y análisis de proyectos de leyes destinados a modificar el Consejo de la Magistratura, la ley de Subrogancias en la Justicia Nacional y Federal, y la ley del Impuesto a las Ganancias. Todas estas normas, de gran importancia para la sociedad, fueron analizadas, debatidas y objeto de distintos dictámenes, convencidos de la necesidad de sus modificaciones. Hemos sostenido y reiterado que es necesaria una reforma del Consejo de la Magistratura que haga recuperar el equilibrio perdido entre los diferentes estamentos, pues ha quedado demostrado que, más allá de sus ocasionales integrantes y la impronta y el trabajo que cada uno de ellos le pueda imponer, el sistema e integración actual no es el adecuado. Agradezco la colaboración en estos temas de los doctores Héctor Méndez, Raúl Aguirre Saravia, José Sánchez, Antonio Bustamante y Gabriela Tozzini.

A mediados del segundo semestre surgió un nuevo embate de los Contadores Públicos contra el proyecto de ley de honorarios profesionales que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y que, además de mejorar el nivel arancelario, modifica la ley de Concursos y Quiebras, estableciendo el patrocinio jurídico obligatorio en las Sindicaturas Concursales. Este insuficiente avance en materia de incumbencias debió ser defendido en el marco del tratamiento que se le estaba dando en la Cámara de Diputados así como también en los medios de comunicación, mediante la publicación de una solicitada que tuvo la colaboración económica de la Cajas de Seguridad Social de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Agradezco la colaboración en este caso del Dr. Ramón Pérez.

La cuestión comunicacional ha sido siempre un punto débil de la Federación y, por ésta razón, desde el IDEL, encabezado por el Dr. Ricardo Cornaglia, se ha trabajado en la creación y puesta en funcionamiento de un instrumento clave en el presente y en el futuro de la FACA; nuestra primera revista digital. “La Defensa” no solamente trata temas de doctrina y jurisprudencia, sino también de actualidad de la Justicia y de la profesión. Debo felicitar el trabajo de las distintas secciones del IDEL y en particular, una vez más, el del Dr. Ricardo Cornaglia, por haber desarrollado una idea, una herramienta, que es fundamental para los objetivos de nuestra Federación.

Nuestra labor en los organismos internacionales de la Abogacía también estuvo presente. Participamos y estuvimos representados en todas y cada unas de las reuniones que se llevaron a cabo en la Unión Internacional de Abogados (UIA), en la Unión Iberoamericana y Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en la Federación Interamericana de Abogados (FIA), en el Consejo de Colegios y Ordenes de Abogados del Mercosur (COADEM), y en el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), en las cuales resulta trascendente nuestra intervención como representantes de la Abogacía argentina. Debo agradecer la colaboración de los Dres. Ricardo De Felipe, José De Paula, Ambrosio Bottarini, Héctor Méndez y Hernán Colli.

Quiero agradecer a todos los integrantes de la Mesa Directiva por su predisposición para trabajar mancomunadamente en los temas mencionados. A los colegios federados y a sus presidentes, por el acompañamiento a nuestra gestión, y al personal de F.A.C.A. por su diaria colaboración.

No puedo concluir sin recordar que uno de los juristas más importantes de la Argentina de todos los tiempos, que enseñó e ilustró a varias generaciones de abogados, fue noticia en diciembre del 2015 cuando decidió dejar su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de más de treinta años de notable y ejemplificadora tarea; y lo fue también en noviembre de este año, cuando entendió que su labor en la vida y en el Derecho estaba completa y que de ahora en más dependía de nosotros comprender sus enseñanzas, seguir sus principios y mantener vivo su legado. Su ejemplo me inspira para continuar  transformando la realidad con hechos concretos y comenzar el segundo año de gestión, en cumplimiento de los objetivos trazados en defensa de la República y de nuestra profesión, recordando y teniendo siempre presente que “los hechos son sagrados, pero el comentario es libre”. Gracias Dr. Carlos Santiago Fayt.