El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes cuestiona severamente el modo en el que se llevaron a cabo los allanamientos a Estudios Jurídicos en la ciudad de Corrientes, con motivo del Operativo anti narcotráfico denominado “Sapucay”. En ese sentido, advierte que se realizaron procedimientos y allanamientos irregulares.
El Colegio ha expresado a través de los medios de comunicación, su solidaridad con los colegas afectados por esos allanamientos: Dres. JAVIER IRAZUSTA, RUBEN DAVID LEIVA, OMAR A. SERIAL y Dra. SUSANA E. MICHALEC, que no se contaban con una orden clara y específica del juez actuante, la que fue dada con tanta ambigüedad y falta de certeza contrariando normas claras del proceso penal y violentando los derechos de los profesionales involucrados, que hacen al libre ejercicio profesional y al derecho a trabajar.
“En lo específico se hablaba de estupefacientes, de reactivos, de químicos, de balanzas y armas de fuego. Se ordenó el secuestro de dinero en efectivo vinculado con la causa. También se decía que debían secuestrar telefonía celular, equipos de computación y cualquier elemento pero sin saber el hecho que estaban investigando”, explicó el doctor Villar y alertó: “Eso quiere decir que pudieron llevar cualquier cosa, como libros o extractos de dinero provenientes de un banco”.
La amplitud incierta de la orden de allanamiento permitió que se hayan llevado equipos celulares, de computación y pendrive que contienen archivos y legajos de trabajo de los abogados de hasta más de veinte años de antigüedad, poniendo en riesgo y permitiendo se ventilen causas o cuestiones de personas ajenas al conflicto. Se ha secuestrado un vehículo automotor estacionado en la calle, que no estaba individualizado entre los automotores ordenados secuestrar y que es propiedad de una colega que no está vinculada con la causa, extrayéndose de su interior documentación también incautada. La inusual orden de allanamiento permitió se cometieran otros excesos como el caso de secuestrarse como elementos de interés para la investigación bibliografía jurídica existente en la biblioteca de uno de los colegas allanados.
La orden judicial en cuestión que se considera cuanto menos arbitraria, provoca además la afectación de derechos de terceras personas (clientes) no vinculados al procedimiento, que ven vulnerados sus derechos a la intimidad, a la confidencialidad y al secreto profesional, entre otros.
A más de ello se ha vuelto a incurrir en el exceso irrazonable y arbitrario de “levantarse” personas de la vía pública de la ciudad de Corrientes, para ser trasladadas a más de 70 Kilómetros de su domicilio para oficiar de testigos de los procedimientos llevados a cabo por Gendarmería Nacional, modalidad ésta que el Colegio ya ha cuestionado severamente con motivo del procedimiento realizado por la Policía de la Provincia de Santa Fe, en ocasión de tener que cumplir con un procedimiento en la ciudad De Goya, a más de 200 Km. de la ciudad Capital.
Tanto el Colegio en lo institucional, los abogados y la ciudadanía en general están preocupados por el crecimiento de este delito que está destruyendo a la sociedad y a nuestros jóvenes, y todos estamos comprometidos a luchar contra el mismo. No se trata pues de una defensa meramente corporativa la que realiza el Colegio sino más bien es una defensa de la legalidad y de la seguridad jurídica como basamento fundamental del respeto a las garantías y libertades individuales y al estado de derecho.
“Hay que aniquilar a los narcotraficantes, pero dentro del marco del Derecho”, expresó sobre lo ocurrido el Presidente del Colegio, Doctor Ricardo Villar, y añadió: “Estamos de acuerdo con combatir este flagelo pero en el marco de la legalidad, de modo que luego no caigan las causas por anormalidades. Este tipo de procedimientos genera inseguridad jurídica”.
Tras los allanamientos realizados en estudios jurídicos correntinos, la entidad colegiada anticipó que elevará una queja ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con el fundamento de que los procedimientos y allanamientos fueron irregulares, arbitrarios, con órdenes poco claras y sin detalles de lo que se iba a llevar a cabo, afectando la labor y trabajo de los profesionales del derecho.
Reiteró que el Colegio apoya la lucha contra el flagelo del narcotráfico, pero siempre y cuando se realice en el marco de la legalidad, de modo que luego ello no tenga que quedar en suspenso por anormalidades durante el procedimiento. Así, solo se provoca la dilación de la causa, y hasta la caída de las investigaciones.
“... Estos procedimientos con tanta ambigüedad y sin límites, cuanto menos son irregulares”, recalcó el Presidente del Colegio Dr. Villar y finalizó: “En este caso se vuelve a repetir el axioma de que el fin no justifica los medios”.
Directorio Colegio Público de Abogados de la 1ra. Circunscripción Judicial de Corrientes - Marzo de 2017
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