REUNIÓN

El Directorio del Colegio recibió a abogados preocupados por la UIF

La Comisión Directiva del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes mantuvo una reunión con un grupo de profesionales preocupados por la reciente implementación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que exige a los defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata informen quién les paga sus honorarios profesionales, el origen de esos fondos, importes percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional, entre otras cuestiones, sin que éstos puedan ampararse en el secreto profesional.

El encuentro tuvo lugar en la sede central del Colegio el lunes 26 de febrero, en horas de la tarde. En representación de la entidad colegiada participaron la doctora Lilian Sawoczka, presidente; la doctora María del Luján Molina, vicepresidente; y los doctores José Cotelo, Luis Llarens, Mercedes Alsina y Julio Fernández, todos integrantes del Directorio.

Asistieron además los abogados Jorge Barboza, Duylio Barboza Galeano, Diego Missano y Vallejos. Durante el encuentro, los profesionales manifestaron su preocupación por la nueva medida y requirieron intervención del Colegio en resguardo de las garantías para el libre ejercicio profesional.

El Directorio presentó la cuestión ante el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, tras los cual,  los integrantes del órgano resolvieron realizar una presentación en conjunto, manifestando su inquietud por la medida implementada.

En ese sentido, el Consejo Superior expresó que “los abogados no se encuentran contemplados dentro de la nómina de sujetos obligados, que de manera taxativa enumera la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Nº 25246, en su art. 20, por lo que no es deber específico informar operaciones sospechosas a la UIF”.

Asimismo, sostiene que “no necesariamente el abogado conoce o debe conocer cuál es el origen del dinero con el que se le pagan sus honorarios, en el supuesto que realmente los perciba, por lo que mal puede imponérsele una obligación de tal naturaleza”.

“Recordemos que la misión del abogado es la de asistir a la persona que lo llama en su auxilio para que defienda y ampare sus derechos esenciales, garantizándole con su intervención profesional el acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales y en él el cliente deposita toda su confianza. Por ello hay que evitar que se confunda la actividad del letrado con las conductas del representado”, puntualizaron los integrantes del Consejo en un comunicado difundido recientemente.