En la ocasión, el Colegio había expresado a través de los medios de comunicación, su solidaridad con los colegas afectados por esos allanamientos (Dres. JAVIER IRAZUSTA, RUBEN DAVID LEIVA, OMAR A. SERIAL y Dra. SUSANA E. MICHALEC), atento a que no se contaban con una orden clara y específica del juez actuante, la que fue dada con tanta ambigüedad y falta de certeza contrariando normas claras del proceso penal y violentando los derechos de los profesionales involucrados, que hacen al libre ejercicio profesional y al derecho a trabajar, como así también el derecho a la confidencialidad entre cliente y abogado, los principios de reserva y del secreto profesional. El órgano consideró por tanto que se trató de una medida extrema que “exige del máximo celo y la mayor precisión por parte del magistrado interviniente, que evite cualquier exceso que lesione el ejercicio de la defensa, la confidencialidad de la relación abogado cliente, la estrategia defensita, el secreto profesional y las garantías jurisdiccionales de los clientes del letrado”. En ese sentido, y conforme denunciaron las autoridades del Colegio de Corrientes, la Comisión de Defensa para la Defensa sostiene que las órdenes de allanamiento eran ambiguas y favorecieron excesos por parte del personal encargado de la diligencia.  A continuación, se transcribe la carta completa emitida por la Comisión mencionada:                                                                   Buenos Aires, abril 3 de 2.017.-

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS DOCTOR EDUARDO MASSOT AL SEÑOR SECRETARIO DOCTOR SANTIAGO ORGAMBIDE AL SEÑOR PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CORRIENTES DOCTOR RICARDO MANUEL VILLAR   Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con relación a la presentación formulada por el Sr. Presidente del Colegio de Abogados Primera Circunscripción de Corrientes, Dr. Ricardo Manuel Villar, en la que da cuenta de la gravísima situación que se presentó en tres estudios jurídicos de matriculados de la institución, los colegas Rubén Leiva, Javier Irazusta y Omar Serial, con motivo de la orden impartida por el Juez Federal Sergio Torres.- A efectos de emitir dictamen de conformidad con la gravedad institucional que el caso supone, se requerirán las medidas pertinentes. Sin perjuicio de ello y en atención a la gravedad de los hechos y en sintonía con lo solicitado y lo resuelto por el Colegio federado, esta comisión considera que nuestra Federación debe expresar su total solidaridad con los colegas afectados y su Colegio, cuyas medidas y declaraciones deberían respaldarse públicamente. FACA debería rechazar enfáticamente medidas como la que afecta a nuestros colegas, mediante la cual y de la mano de la ambigüedad de órdenes emitidas por autoridades judiciales, las fuerzas encargadas de hacerlas efectivas, cuentan con absoluta discrecionalidad para incurrir en cuanta arbitrariedad se les ocurra. El allanamiento de un estudio jurídico es una medida extrema que exige del máximo celo y la mayor precisión por parte del magistrado interviniente, que evite cualquier exceso que lesione el ejercicio de la defensa, la confidencialidad de la relación abogado cliente, la estrategia defensita, el secreto profesional y las garantías jurisdiccionales de los clientes del letrado. En estos casos, conforme denuncian autoridades del Colegio de matrícula, las órdenes de allanamiento eran ambiguas y favorecieron excesos por parte del personal de gendarmería encargado de la diligencia. La omisión de la carátula impone una confusión mayúscula que impide a los abogados afectados por la medida, saber de qué se tarta la misma y defenderse en consecuencia. Ne deja de ser curioso que tratándose de tres estudios jurídicos se busquen sustancias estupefacientes en etapa de elaboración. Acaso el juez Torres supuso que en sus despachos los colegas tenías instaladas “cocinas” de droga? Deja que los gendarmes elijan lo que consideren “elementos que resulten de interés para el esclarecimiento de los acontecimientos investigados”, fórmula que se presta al secuestro de cualquier cosa, violentando de manera flagrante las garantías de los abogados y las de sus defendidos, afectados en esta causa o en cualquiera que no tenga relación alguna con la misma. Asi, por ejemplo, sirvió para secuestran el auto de la esposa de uno de los colegas, colega ella también. El letrado Serial fue conducido a una unidad militar y se le impidió tomar contacto con su defensor por estar incomunicado. Acordamos con la calificación que el colegio hace de la medida, como exceso irrazonable y arbitrario. Desconozco la fecha de presentación y/o redacción de la nota del Colegio federado; pero, es de suponer que alguna novedad pueda haberse producido hasta el día de la fecha, por lo que se solicita información acerca de las eventuales noticias. Ínterin se elabora dictamen definitivo entiendo que el señor Presidente de la federación debería entrevistarse con el juez Torres a efectos de manifestarle su preocupación por la forma en que se redactó y se cumplió la medida de allanamiento. Asimismo y sin perjuicio del estado de la causa, cuya decisión definitiva corresponde al poder jurisdiccional, la autoridad que la Federación determine, debería visitar en su lugar de detención al Dr. Serial para interiorizarse de las condiciones de la misma. Finalmente, consideramos que nuestra Federación debe insistir para que todos y cada uno de los colegios federados cree una Comisión de Defensa de la Defensa, poniéndonos a disposición de la institución que considere que nuestra colaboración le resultará de utilidad a esos fines. Asimismo consideramos de utilidad difundir el Protocolo oportunamente aprobado por las autoridades de FACA para los casos de lesión a la defensa. Sin más, saludo a ustedes con mi mayor consideración y estima   Carlos Alberto López De Belva (Comisión de Defensa de la Defensa de F.A.C.A.)
 

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