Esta forma extrema de violencia sobre las mujeres- a pesar de las normas protectorias del Derecho Interno y de los Tratados Internacionales incorporados al Derecho doméstico- pone en evidencia que la abolición de las conductas violatorias de los derechos humanos de las mujeres deben ser objeto de un abordaje integral con un contundente compromiso en la tarea de evidenciar los patrones socioculturales que inciden en el aumento del número de muertes. Asistimos consternadas a la escasa y desinteresada actividad de los efectores de los tres poderes del Estado en la solución del problema, y los EXHORTAMOS a garantizar un mayor y mejor acceso de las mujeres a la justicia mejorando el sistema de investigación criminal, las tareas de protección y eliminando la impunidad de los agresores. Asimismo, requerimos se dé cabal cumplimiento al texto expreso de la Ley 26.485, muy especialmente, al inc. H del art. 9 en punto a la capacitación, formación y entrenamiento en la perspectiva de género a los funcionarios públicos en el ámbito de la justicia, las fuerzas policiales y de seguridad. En definitiva, habiendo cruzado el umbral del Segundo Milenio no puede haber más pactos ni negacionismos que infrinjan los derechos humanos de las mujeres. Lo contrario sería consentir expresamente esta forma de genocidio.