Ponemos en conocimiento de toda la comunidad profesional colegiada hechos graves que violentan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y el ejercicio de la defensa, así como el libre desarrollo del ejercicio profesional, garantías aseguradas no sólo por la Constitución Nacional de la República Argentina, sino también por distintos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose obligado el Estado Argentino a respetar aquellos instrumentos y a responder en caso de incumplimiento.

Los hechos que nos convocan se relacionan con escuchas e interceptaciones de comunicaciones particulares entre las personas privadas de su libertad y los profesionales a quienes se les encomienda su defensa, lo cual representa graves violaciones a los Derechos Humanos, a la privacidad de los asistidos y particularmente al ejercicio de la profesión de abogado, violentando el deber de confidencialidad y el secreto profesional e implicando ello que se violente la garantía convencional del acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales. Además de afectar el respeto y consideración que en el ejercicio de la profesión se le debe al abogado.